2020 · 09 · 08 • pacifista.tv

El lado oscuro del TLC entre Colombia e Israel

Con la implementación de este TLC se va en contra de la legislación internacional en varios sentidos. El tratado viola las muchas resoluciones de las Naciones Unidas contra Israel como potencia ocupante en territorios palestinos.

El pasado 10 de agosto, en medio de un evento virtual en el que participaron Iván Duque y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, se anunció la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio -TLC- entre Colombia e Israel que se venía negociando desde 2013. Luego de su aprobación por los congresos de ambos países y de su revisión por parte de la Corte Constitucional colombiana en 2019, este tratado empezará a aplicarse con varias excepciones tributarias de inmediato y otras más en los siguientes diez años.

Como ya lo planteamos en un informe de febrero de 2016, esta relación comercial es negativa para nuestro país puesto que es más lo que se le compra que lo que se le vende a Israel. Históricamente, las ventas a Israel han sido monopolizadas por el carbón; y en ese país se compra anualmente el 50 % del total de armas que se importan a Colombia. Esto ha significado, entonces, una relación comercial donde se exportan materias primas por armas.

Muchas de esas tecnologías de guerra, que documentamos extensamente en un informe elaborado en 2018, favorecen no solo la violación de derechos humanos contra movimientos sociales en América Latina y Colombia, sino también favorecen la vigilancia y el control total de la población con herramientas de ciberespionaje. Repetidas y sistemáticas chuzadas a periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general han sido descubiertas con cierta regularidad en nuestro país. Esas interceptaciones ilegales se hacen desde salas del Ejército, la Policía y la Fiscalía, todas ellas con tecnología comprada a Israel, entre otros países.

Sin embargo, los problemas no solo se dan para Colombia. Con la implementación de este TLC se va en contra de la legislación internacional en varios sentidos: por un lado, este tratado viola las muchas resoluciones de las Naciones Unidas contra Israel como potencia ocupante en territorios palestinos, ya que el TLC define el territorio israelí así: “El territorio donde se aplican las normas de Israel”. Esto, para el Estado de Israel, incluye los territorios ocupados palestinos e implica que Colombia reconoce a Israel como poder legítimo en estos territorios ocupados. El mismo reconocimiento implícito equivocado se muestra en el hecho de que el TLC se firmó en Jerusalén, con lo cual el gobierno colombiano tácitamente reconoce Jerusalén como sede de gobierno de Israel, lo cual contradice otras resoluciones de Naciones Unidas. En esa misma línea, el anuncio del presidente Duque de abrir una oficina de innovación y capital emprendedor de Colombia en Israel mantiene estas violaciones ya que se abrirá en la Jerusalén ocupada.

Por el lado de los productos mismos, algunos vienen de tierras palestinas ocupadas pero son etiquetados como productos israelíes, ya que el gobierno colombiano no insistió en que los productos israelíes lleven una denominación de origen que excluya los territorios palestinos ocupados, así como lo instó la Comisión Europea a Israel en 2015 y lo ratificó el Tribunal de Justicia Europea en 2019.

Con esto se normaliza la violación a los derechos humanos que ejerce sistemáticamente Israel sobre los palestinos, con un régimen diferenciado de derechos que priva jurídicamente al pueblo palestino. Esto hace años lo venimos denunciando como un apartheid en medio del siglo XXI.

La sistemática construcción de colonias en Cisjordania, el bloqueo a Gaza y la continúa ‘limpieza étnica’ de Jerusalén Oriental se suma a la opresión del 20 % de la población dentro de Israel que es de origen palestino y a la cual se le trata diferenciadamente. Esto sin olvidar los millones de palestinos y palestinas que viven refugiados en el mundo y a los que se les impide retornar a su tierra. Por ello, cada vez que se normalizan relaciones con el Estado de Israel se favorece la violación de los derechos humanos de toda esta población palestina descrita.

De esta manera, el TLC con Israel profundiza el incumplimiento de la Ley 1782 de 2016 que ratifica el Tratado sobre el Comercio de Armas de Naciones Unidas y el cual insta a los Estados a no transferir armas si existe un riesgo preponderante a que estas contribuyan o menoscaben la paz y la seguridad, cometiendo o facilitando violaciones graves a los derechos humanos. De igual manera, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR), en su sesión No. 37 del 23 de marzo de 2018 (sobre los territorios ocupados palestinos), exhorta a las autoridades públicas y entidades privadas en el suministro de armas cuando se sepa o se crea probable que los usuarios finales de esas armas vayan a utilizarlas para cometer infracciones graves al derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

Por esa razón, desde la campaña por el Boicot, las Desinversiones y Sanciones a Israel hacemos un llamado a los partidos y líderes políticos para que presionen al gobierno colombiano para que no materialice la apertura de la oficina anunciada. Así mismo, que inicien en el Congreso actos legislativos que prohíban la importación de productos desde colonias ilegales.

Hacemos el llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que apoyen las campañas del movimiento que impulsa el embargo militar a Israel: desincentivar la compra de armas y servicios a empresas como Elbit, Rafael HP y G4S. También pedimos fortalecer campañas de boicot a empresas internacionales como Cemex, que mantiene negocios de forma ilegal en los territorios ocupados palestinos. Finalmente instamos a todas las personas a informarse sobre la gravedad de los crímenes de Israel y respaldar los llamados de acción que desde Palestina se hacen para contrarrestarlos.

Más información y actividades en Colectivo BDS Colombia

Gráfica Principal: Cristian Arias.

Fuente: El lado oscuro del TLC entre Colombia e Israel

 

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