Gana peso la campaña de boicot a Israel

Aún está por ver si los millones gastados por la empresa israelí Sodastream -que fabrica sus máquinas de refrescos en territorio palestino ocupado- en contratar a la estrella de Hollywood Scarlett Johansson se han convertido en los peor invertidos de la historia de la publicidad. Aunque el escándalo desatado por las críticas de organizaciones humanitarias como Oxfam haya servido para dar a conocer a la compañía en todo el mundo, es posible que los más beneficiados por esos millones hayan sido sus más feroces críticos: los movimientos conocidos como BDS, que buscan a través del boicot, la desinversión y las sanciones, como sus siglas indican, presionar a Israel para que, entre otras cosas, acabe con la ocupación de Cisjordania.

La campaña de boicot a Israel, en su versión más amplia -la que busca castigar al conjunto del país por la ocupación- o la que sólo está en contra de empresas e instituciones que se benefician de los asentamientos ilegales, ha cogido fuerza en las últimas semanas por la inesperada -y contraproducente- publicidad de la actriz, y en un momento en el que las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes se encuentran estancadas. Los continuos anuncios de ampliación de asentamientos en territorio palestino, el último esta semana, sólo añaden obstáculos a la ya de por sí complicada paz.

Aunque hasta ahora el movimiento BDS, lanzado en el 2005 por grupos de palestinos de la sociedad civil, ha tenido un impacto económico reducido, poco a poco ha ido ganando adeptos en el panorama internacional y hoy alarma a sectores israelíes, que han visto cómo algunas corporaciones internacionales retiraban sus inversiones. La campaña, reconocen comentaristas como Peter Beinart en 'Haaretz', ayuda además a unir a los palestinos en un momento de división política de sus líderes.

La campaña internacional de boicot que presionó al régimen segregacionista de Sudáfrica es uno de los referentes del movimiento BDS, que busca devolver a los palestinos el territorio ocupado después de la guerra de 1967, que se reconozca la igualdad de derechos para los ciudadanos árabes de Israel y se respete el derecho de retorno de los refugiados palestinos, requisito éste que ha dinamitado anteriores procesos de paz.

En Tel Aviv preocupan decisiones como la del fondo de pensiones estatal de Noruega, que ha renovado su prohibición de invertir en constructoras israelíes que edifican más allá de las fronteras de 1967; o la del fondo de gestión de activos danés PGGM, que ha liquidado su cartera en los cinco bancos más importantes de Israel. En noviembre, la UE prohibió que empresas y universidades hebreas establecidas en territorios palestinos ocupados se beneficiaran del programa de becas de investigación Horizonte 2020, dotado con 70 000 millones de euros.

El ministro de Finanzas, Yair Lapid, uno de los mayores defensores de las conversaciones de paz con los palestinos dentro del Gobierno hebreo, advierte de que el colapso de las negociaciones podría suponer un «golpe enorme» para la economía, ya que Israel afrontaría un mayor aislamiento internacional. En esa misma línea se ha pronunciado el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, que está ejerciendo de mediador en el conflicto.

Lapid incluso puso cifras al posible fracaso de las negociaciones de paz si la UE castiga a Israel con el cese del acuerdo preferencial de comercio. 10 000 israelíes perderían «inmediatamente» sus empleos, señaló el ministro.

Paula Rosas, La Rioja - España