2018 · 09 · 24 • Fuente: Rebecca Stead, Middle East Monitor en Español

Los juzgados españoles se convierten en un campo de batalla del BDS

El 4 de septiembre, un tribunal de distrito español anuló una resolución que apoyaba al movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).

Una activista ondea una pancarta en apoyo al movimiento BDS en una manifestación pro-palestina. [Heri Rakotomalala/Flickr]

El 4 de septiembre, un tribunal de distrito español anuló una resolución que apoyaba al movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). La resolución fue presentada por el consejo municipal de Ayamonte, una pequeña localidad situada en la provincia de Huelva, en la frontera con Portugal, y abogaba por la prohibición de cualquier asociación con empresas u organizaciones israelíes.

A finales de agosto, dos municipios españoles, Villarobledo y Sagunto, rescindieron su apoyo al BDS tan sólo unos meses después de haber declarado sus ciudades como “espacios libres del apartheid israelí”. Eran dos de las cerca de 60 ciudades y pueblos españoles que habían expresado su apoyo al movimiento BDS en los últimos dos años. Entre ellas estaba Valencia – la tercera mayor ciudad de España –, que se unió al BDS en denuncia de las atrocidades cometidas por Israel contra los palestinos que participaron en la Gran Marcha del Retorno en la Franja de Gaza este mismo año.

Entonces, ¿a qué se debe este cambio de decisiones? Un hilo que une los tres casos anteriores es ACOM , acrónimo de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. ACOM se describe como una “organización no confesional e independiente cuyo objetivo es reforzar la relación política entre España e Israel trabajando con gobiernos, partidos políticos, medios y la sociedad civil”. Sin embargo, lejos de actuar como organización independiente, ACOM ha estado al frente de los intentos israelíes de frustrar el apoyo al BDS, metiendo a los tribunales españoles en un tira y afloja.

En el caso de Ayamonte, ACOM presentó una demanda legal ante el tribunal de distrito para anular la resolución del consejo sobre el BDS. Villarobledo y Sagunto fueron amenazados con acciones legales si no renunciaban a su apoyo al movimiento de boicot. Respecto a Sagunto, el presidente de ACOM, Ángel Mas, dijo que “seguiremos impidiendo que el movimiento extremista del BDS se infiltre en las instituciones de los ciudadanos españoles y que rompa la naturaleza democrática, pluralista y abierta de nuestras instituciones.” ACOM ha frustrado al menos 26 iniciativas de los consejos y municipios españoles para promover una postura pro-BDS haciendo uso de estas tácticas, según informó Times of Israel. El Jerusalem Post estima que esta cifra podría llegar a las 35.

ACOM no intenta esconder su agenda pro-israelí. Su página web aboga por “desarmar el racismo del BDS”, y cita un extraño amalgama sobre “hechos sobre Israel,” incluyendo que Israel cuenta con un 20% de población árabe y que Hamás no ha reconocido el derecho de Israel a existir. Si podemos sacar conclusiones sobre una organización fijándonos en sus amigos, sus fuertes lazos con la estadounidense Liga de Anti-Difamación, Palestine Media Watch (PMW) – una ONG israelí que supervisa la “incitación” por parte de medios palestinos – y Monitor ONG, un grupo con sede en Jerusalén conocido por criticar vehementemente sólo a ONGS izquierdistas y pro-Palestina nos dicen todo lo que necesitamos saber de la agenda de ACOM.

La organización también tiene un estrecho vínculo con el establishment político israelí. En 2017, Yair Lapid, miembro de la Knesset y del partido Yesh Atid, se unió a una delegación de ACOM y Monitor ONG en el parlamento español para presentar un informe conjunto sobre ONGS que “organizan campañas de propaganda política contra Israel”. Lapid lleva mucho tiempo conectado a la política de asentamientos del gobierno israelí; participó en julio de 2017 una ceremonia en el asentamiento ilegal de Netiv Haavot, al sur de Belén, incluso después de que el Tribunal Supremo israelí ordenara la demolición del asentamiento y la evacuación de sus habitantes. En mayo de 2018, Lapid afirmó que, bajo el inminente “acuerdo del siglo” de Donald Trump, la ciudad de Abu Dis reemplazaría a Jerusalén como la capital de cualquier futuro Estado palestino.

Estos vínculos con ONGS derechistas y con la élite política israelí han puesto a ACOM al frente de la guerra anti-BDS de Israel. Desde festivales de música a eventos internacionales o el fútbol mundial, esta guerra se disputa en muchos frentes. Nacionalmente, su impulso ha llevado a Israel a prohibir la entrada al país a varios activistas del BDS, incluida Ana Sánchez Mera, de quien sospechan que forma parte del Comité Nacional de BDS (BNC) y que es activa en las actividades de BDS en España. Sin embargo, que esta última batalla se está librando en los tribunales españoles, una localización, como mínimo, extraña, demuestra que este tira y afloja se extiende mucho más allá de las fronteras del Estado judío. De este modo, los tribunales españoles se han convertido en un microcosmos para la lucha más amplia por la opinión pública, una guerra de relaciones públicas librada en un mundo caótico de ONGS y agendas parcialmente ocultas.

Sin embargo, en marzo de 2018, el presidente de ACOM Ángel Más probó su propia medicina. El Comité para la Solidaridad con la Causa Árabe (CSAC), una ONG financiada por varios municipios españoles, presentó una demanda de 70 páginas contra Mas. Esto representó la primera vez que una entidad pro-israelí era llevada ante los tribunales en España por sus actividades. Mas dijo que estaba “sorprendido y decepcionado” por la decisión del juez de aceptar a trámite la demanda, considerando esto “un intento frívolo de abusar del poder judicial español con propaganda.” Mas añadió que: “Tras haber sufrido tremendas derrotas en los tribunales, el movimiento BDS en España está cambiando de métodos. Atacan a individuos con campañas de desprestigio […] No les servirá de nada.”

Este ir y venir constante no muestra signos de disminuir. Esta semana, ACOM publicó un comunicado de prensa que se jacta de acciones legales tomadas contra el ayuntamiento de Pamplona, en el norte de España. La acción legal acusa al ayuntamiento de discriminar a los israelíes y judíos españoles por no contar con representantes oficiales israelíes y apoyar al boicot militar, dos elementos básicos del movimiento BDS. Con cada conjunto de precedentes, los esfuerzos de ACOM y, por extensión, de Israel por frustrar la campaña de boicot en España ganan fuerza y tracción. Aunque los movimientos pro-BDS como CSAC han comenzado a comprender y hacer frente al juego de ACOM, estos intentos todavía están rezagados en cuanto a cantidad e impacto. Si el BDS quiere conservar su impulso e influencia, tendrá que emplear más fuerza en este largo tira y afloja.

Fuente: Rebecca Stead, Middle East Monitor en Español