2018 · 04 · 09

Infancia en peligro: Violación de los derechos de los menores palestinos en los tribunales militares de Israel

Otra denuncia de la Organización israelí de Derechos Humanos, B'Tselem. Israel trata de simular un sistema de justicia acorde con los estándares normales. Sin embargo, y en la práctica, no es mas de un lavado de imagen y la 'legalización' de los abusos y violaciones sistemáticas a los más esenciales de los derechos humanos. Es la prepotencia militar que la población palestina bajo ocupación y en especial los niños palestinos deben soportar

Otra denuncia de la Organización israelí de Derechos Humanos, B’Tselem. Israel trata de simular un sistema de justicia acorde con los estándares normales. Sin embargo, y en la práctica, no es mas de un lavado de imagen y la “legalización” de los abusos y violaciones sistemáticas a los más esenciales de los derechos humanos. Es la prepotencia militar que la población palestina bajo ocupación y en especial los niños palestinos deben soportar

Infancia en peligro: Violación de los derechos de los menores palestinos por los tribunales militares de Israel

Cada año, cientos de menores palestinos sufren el mismo escenario. Fuerzas de seguridad israelíes, los atrapan en las calles o en sus casas a media noche, luego los atan y les vendan los ojos para ser así, llevándolos a interrogatorios, con frecuencia y durante el trayecto son sometidos a actos de violencia. Cansados y con temor, algunos han pasado un largo tiempo de recorrido, varios han sido despertados en sus horas de sueño e incluso a algunos no se les permite comer ni beber durante largas horas, sin embargo y en estas condiciones son interrogados. Encontrándose completamente solos, aislados del mundo, sin tener al lado ningún adulto que conozcan y confíen, además de que no se les haya dado una oportunidad de consultar con un abogado antes del interrogatorio. A menudo estos interrogatorios se realizan en un ambiente de amenazas, gritos, insultos y, a veces con ciertos incidentes de violencia física. El único propósito es conseguir que los menores palestinos confiesen y proporcionen información de otros. Terminado el periodo de interrogatorios son llevados a cortes militares para la audiencia de prisión preventiva, donde la mayoría de ellos ven a sus abogados por primera vez. En la mayoría de los casos, los jueces militares aprueban la prisión preventiva, incluso cuando la única evidencia contra los presuntos acusados es su propia confesión, así como de supuestas declaraciones hechas por otras personas. A su vez se sostiene que las declaraciones se obtuvieron infringiendo gravemente los derechos de éstos. Dadas estas circunstancias y que la sentencia sea inevitable y probablemente el resultado en cualquier caso sea la prisión efectiva, los menores acuerdan en declararse culpables adhiriéndose a la figura jurídica de la declaración de culpabilidad. Siendo firmado con la intención de volver a su habitual vida lo antes posible, después de haber cumplido su condena que constaba en dicho instrumento jurídico. Durante la década pasada, el estado ha realizado diversos cambios en las órdenes militares que se ocupan del arresto y detención de los menores y de su trato en las cortes militares. Aparentemente estos cambios estaban destinados a mejorar las protecciones que se le entregaban en el sistema de justicia militar. Sin embargo, los cambios que Israel realizo no han tenido más que un impacto mínimo en los derechos de los menores palestinos. Pareciera que ellos muestran mayor interés y preocupación en mejorar las apariencias que con lo realmente sucede en la práctica. Estos hechos y cifras demuestran que los derechos de los menores están siendo periódica y sistemáticamente violados.

Impacto de las supuestas mejoras en el sistema de justicia militar en los derechos de los menores

1. El tribunal militar de menores no hace más que aprobar los acuerdos de culpabilidad

La corte militar juvenil se instauro en el año 2009 y desde ese entonces ha estado operando. El Estado considera que su establecimiento es una referencia para la protección de los derechos de los menores dentro del sistema de justicia militar. Sin embargo, en la práctica nada ha mejorado para defender los derechos de los menores que enfrentan los cargos.

Asimismo, la jurisdicción de la corte militar juvenil no se extiende a las audiencias de prisión preventiva, tanto antes como después de la acusación, a pesar de que no haya una razón contundente para esta limitación, considerando que las audiencias constituyen una parte importante del proceso judicial contra los menores. Las audiencias de prisión preventiva se llevan a cabo en el tribunal militar ordinario. Sin embargo, cuando uno de los detenidos cuyo caso se está oyendo en un día en particular es un menor, el juez instruye a los detenidos adultos y a los espectadores a salir de la sala, y escucha el caso de este por separado. A pesar de que, sigue siendo el mismo juez militar, y el mismo tribunal militar.

La corte militar de menores se le otorga la autoridad para escuchar el juicio en sí. Aunque, las audiencias de juicio son suspicaces por la abrumadora mayoría de los casos donde se cierra en una declaración de culpabilidad entre la defensa y el fiscal; la Fiscalía generalmente elimina algunos de los cargos, trayendo en consecuencia que el acusado se declara culpable en otros, y con esto las partes involucradas acuerdan la sentencia, incluyendo la duración de la pena de prisión y la multa que se pagará. La razón por la que tantos acusados están dispuestos a firmar la declaración de culpabilidad es la política de detención de los tribunales militares que resulta en que los menores se mantengan detenidos desde el momento en que son arrestados hasta después de que cumplen la pena de prisión.

Llevar un juicio mientras uno se encuentre en prisión está lleno de dificultades, incluyendo agotadores recorridos de ida y vuelta entre el centro de detención y el Tribunal. Además, los acusados saben que, si son condenados, seguramente se les dará una sentencia de prisión, y que incluso en el caso extremadamente improbable de que sean absueltos en última instancia, probablemente habrán estado tras las rejas bajo prisión preventiva el mismo o más tiempo que la pena que iban a obtener por declararse culpables.

Todo esto resulta en una situación en la que el enjuiciamiento militar rara vez tiene que ir a juicio, en el que tendría que presentar pruebas de la culpabilidad de los menores y darles la oportunidad de refutarlo examinando a los testigos y presentando nuevas pruebas. Es así como de este modo el rol de la corte militar de menores se reduce a la firma de la declaración de culpabilidad, acuerdo ya alcanzado entre el fiscal y la defensa.

2. Padres son excluidos del proceso

El estado argumenta que una de las supuestas mejores hechas a las cortes militares garantizan una participación importante de los padres y les dan un "papel fundamental" en los procedimientos contra sus hijos. Por ejemplo, las órdenes estipulan que los padres deben ser informados de que sus hijos están siendo interrogados; concedan a los padres el derecho a estar presentes en las audiencias, les conceden presentar mociones a la corte en su nombre y a participar en las sesiones de revisión de los procedimientos de rehabilitación. Una vez más, estos cambios no son más que acto simbólico y sin ejecución.

El nivel de implicación previsto en las nuevas órdenes y procedimientos es insignificante. Por ejemplo, ni siquiera concede a los padres el derecho a estar presentes durante el interrogatorio de su hijo. Siendo que las órdenes establecen una serie de excepciones que permiten a las autoridades negar a los padres incluso el papel limitado que se concede. Además, y como ya se conoce que la gran mayoría de los casos ni siquiera van a juicio, entonces podríamos decir que los padres en realidad no tienen ninguna oportunidad de participar en el juicio.

3. La reducción de los tiempos de detención no repercute en la detención de menores

Después de varias peticiones de la Corte Suprema, algunos de los períodos de detención instituidos en las órdenes militares aplicables a los residentes de los territorios ocupados fueron reducidos con el propósito de una revisión judicial. Fue en este punto cuando por primera vez se instituyó la limitación de los períodos de detención para los menores. Los períodos reducidos de detención se remitieron al período de detención inicial antes de ser sometidos a un juez, a la prisión preventiva antes de la acusación y a la prisión preventiva posterior a la acusación de esta media (es decir, a la prisión preventiva en espera de la terminación del procedimiento judicial).

Los períodos abreviados de detención establecidos no hicieron nada para reducir el número de menores detenidos y no han tenido repercusiones en los derechos de los menores que se enfrentan cargos bajo el sistema de justicia militar. Por un lado, los tiempos de detención actualmente prescritos en las órdenes militares pueden ser extendidos con relativa facilidad. En segundo lugar, y lo que es más importante, los tiempos de detención reducidos sólo pueden ser significativos en virtud de un sistema que practique una revisión judicial confiable de todas y cada una de las decisiones de detención. Esto sólo puede ser significativo en virtud de un sistema que considera a la detención una medida excepcional que sólo se debe recurrir cuando no hay otra opción. En cambio, en los tribunales militares, la detención de menores palestinos es un procedimiento parcial, y las presunciones introducidas por los jueces militares resultan en largas detenciones.

La clave, fase decisiva: detención inicial e interrogatorio

Las correcciones por la que el estado llama la atención es para abordar lo que sucede en los tribunales militares propiamente dichos. Sin embargo, estos cambios no se ocupan de las etapas cruciales del arresto inicial y del interrogatorio, por lo que el enfoque del estado en estos cambios o recomendaciones no es más que una cortina de humo diseñada para desviar la atención de lo que realmente importa. La forma el sistema de justicia militar trabaja, durante el arresto inicial y el interrogatorio – y especialmente la obtención de una confesión del menor o el testimonio incriminatorio de otros – es lo que determina el caso.

Durante estas primeras etapas, los menores sufren mucho daño. Se someten al proceso en total aislamiento, sin sus padres o un abogado a su lado, o cualquier otro adulto, para explicar lo que está por venir e informarles de sus derechos. En cambio, están rodeados de adultos que son representantes del régimen de ocupación en el que viven. Algunos ni siquiera hablan su idioma, y todos se centran enteramente en extraer una confesión o información de los menores.

El estado argumenta que los procedimientos militares prohíben cualquier daño a los menores durante el arresto y el interrogatorio. Alegando también que cuando se produce ese daño, el tribunal militar adopta un enfoque severo y, a menudo, pide la liberación del menor en cuestión. Las afirmaciones del estado son completamente infundadas.

Los procedimientos que el estado cita no son implementados, pero incluso si lo fueran, sólo proporcionan protección parcial. No restringen los arrestos ni el interrogatorio nocturno de menores; no requieren que el arresto sea una medida de último recurso; y no prevén la presencia de los padres durante el interrogatorio. Las disposiciones a lo largo de estas líneas están destinadas a proteger a los menores y contrarrestar el desequilibrio inherente de poder entre ellos y los interrogadores. El hecho de que los menores pasen por los interrogatorios completamente solos, sin posibilidad de consultar a nadie que tenga cuidado de sus intereses y bienestar, atenta gravemente la equidad de la investigación y las posibilidades para que los menores argumenten su caso.

Asimismo, los tribunales militares no ordenan la liberación de menores debido a fallas en el interrogatorio. Por regla general, incluso en los casos en que se quejan de que sus derechos han sido abusados, los menores se mantienen bajo custodia desde el momento en que son arrestados hasta el final de su sentencia de prisión. Los casos en que el estado se jacta – de los jueces que ordenan que los menores sean liberados por defectos en el interrogatorio – son excepciones inusuales y en ningún caso reflejan la constante política tribunales. En cientos de juicios que el estado no cita, los jueces militares se refieren una y otra vez a la misma jurisprudencia que ven como convincente y explican por qué las cambiantes resoluciones mencionadas, no se aplican al caso en cuestión. La detención de menores se percibe como una práctica normal de la corte, y los jueces afirman reiteradamente que la edad del acusado es sólo una de las consideraciones que un juez puede tener en cuenta, si es que lo es.

Por consiguiente, los tribunales militares han dictaminado que las declaraciones de los menores de edad que fueron obtenidas mediante un interrogatorio que violaba sus derechos deben ser oídas y atendidas durante el proceso del juicio principal. Hasta ese momento, los tribunales los dictaminaron prisión preventiva. Dado que la gran mayoría de los casos terminan en acuerdos de culpabilidad, y el "juicio principal" nunca se lleva a cabo. En consecuencia, la Fiscalía nunca tiene que demostrar que los derechos de los menores fueron sostenidos durante su interrogatorio o que sus confesiones fueron obtenidas legalmente.

Mantener las apariencias

Israel eligió establecer un sistema de tribunales militares en Cisjordania y usarlo también cuando intentaba tratar a menores palestinos. Documentos oficiales indican que el estado entiende, al menos en teoría, que los menores tienen derecho a protecciones especiales y que un sistema de Justicia de menores debe guiarse por principios diferentes a los que se aplican a los procedimientos para adultos. Sin embargo, la verdadera situación indica que estas declaraciones no son más que una aparente mostración de imagen. Están enteramente en el ámbito de las relaciones públicas, y no tienen relación con lo que realmente sucede.

Los cambios aplicados en el sistema de justicia militar son superficiales y no afectan más que a la forma. El sistema sigue ignorando los principios básicos que son las bases de los sistemas de justicia juvenil bajo el derecho internacional, así como en muchos países de todo el mundo, incluido Israel. Entre estos principios están el principio del interés superior del niño, que el arresto y la detención deben ser medidas de último recurso en ausencia de cualquier otra opción, y una preferencia por la rehabilitación sobre procedimientos jurídicos.

En el sistema militar de justicia juvenil, los protocolos y órdenes son escritos por israelíes, siempre sobre las posiciones de los palestinos, que no tienen manera de influir en el contenido de las órdenes que gobiernan sus vidas. Las normas son ejecutadas por soldados, jueces y fiscales, todos ellos israelíes uniformados que representan los intereses de la potencia militar ocupante. Es un sistema en el que los palestinos siempre son sospechosos. Los tribunales militares no son, ni pueden ser, árbitros neutrales. Constituyen uno de los principales mecanismos que Israel utiliza para oprimir a la población palestina y reprimir cualquier signo de resistencia a su continuo control sobre los territorios ocupados.

Esta es también la razón por la que los intentos de los funcionarios israelíes de establecer semejanzas entre el sistema de justicia militar y el sistema de justicia israelí. Los dos sistemas se basan en valores diferentes y están diseñados para proteger diferentes intereses. Mientras que los tribunales de Israel apropiados, dentro de los beneficios que quieren obtener, reflejan los intereses de la propia sociedad de los acusados y tratan de protegerlos, los tribunales militares de Cisjordania reflejan los intereses de un régimen de ocupación, y principalmente su determinación de perdurar. Estos tribunales no reflejan los intereses de los acusados ni de su sociedad. Esta diferencia sustancial conduce a la disparidad entre los dos sistemas en términos de cómo se hacen las detenciones, los tipos de delitos adjudicados, los requisitos probatorios para las acusaciones, los fundamentos de la detención y las sentencias dictadas. Por lo tanto, cualquier comparación de cifras en estos dos sistemas es irrelevante y está diseñada sólo para legitimar el sistema de justicia militar.

El sistema de justicia militar no es la única zona en la que Israel se esfuerza por crear una fachada de legalidad en un intento de ocultar los abusos a los derechos humanos asociados con la aplicación del régimen de ocupación. Israel hace esto con el sistema militar de aplicación de la ley (o mejor dicho, no aplicación). La entidad que estableció, aparentemente diseñado para hacer frente a las quejas de los palestinos contra los soldados, en realidad sirve como un mecanismo de ocultamiento. Israel hace esto cuando derriba hogares palestinos, alegando que fueron construidos sin permisos de construcción. Sin embargo, en realidad, los palestinos no tienen ninguna manera de conseguir realmente tales permisos para que puedan construir sus hogares legalmente. Es una situación que las autoridades israelíes no sólo conocen plenamente, sino que son realmente responsables de crear. Esto es también lo que hace Israel cuando insiste en que Cisjordania no ha sido anexada. Sin embargo, en la práctica, Israel trata el territorio como propio, aplicando sus leyes a voluntad e ignorando las necesidades de la población palestina.

Estos intentos no hacen nada para salvaguardar los derechos humanos. Su único propósito es legitimar el régimen de ocupación. Con este fin, este régimen ocasionalmente introduce procesos, reuniones, comités, proyectos piloto e informes. Esta fachada también hace que el régimen de ocupación sea más atrayente para el público, tanto en Israel como internacionalmente. Es más fácil soportar el encarcelamiento de un niño cuando un juez parece haber "considerado el peso total de la evidencia". Es más fácil soportar la demolición de la casa de una familia entera debido a un ataque que uno de sus miembros lleva a cabo en Israel, cuando parece que un juez de la Corte Suprema ha "revisado el caso". Es más fácil soportar la expansión de un asentamiento cuando parece que la tierra en la que fue construida ha sido declarada "tierra del estado" según el procedimiento apropiado instituido por las autoridades.

Sin embargo, detrás de todas estas simulaciones hay un régimen que ha sido responsables por la violencia, abuso de millones de personas, día tras días, sin nadie ni nada haga algo para impedirlo, desde hace ya cincuenta años. Ninguna ley, ninguna orden militar, ningún procedimiento o decisión pueden oscurecer este hecho. Levante el velo, y el régimen de ocupación está expuesto en toda su crueldad para que todos lo vean.

 

Traducción: Luis Flores, PalestinaLibre.org  / Perú

Fuente: Organización israelí de Derechos Humanos B’Tselem