2018 · 03 · 07 • Fuente: Elizabeth Masero Visiga, Revista Pueblos

Los casos de Salah Hamouri, Ahed Tamimi y Munther Amira o cómo los Tribunales Militares israelíes vulneran los estándares internacionales de justicia

Manifestarse pacíficamente. Cárcel. Tirar piedras. Cárcel. Llamar al boicot, desinversiones y sanciones. Cárcel. Lucir emblemas de partidos políticos. Cárcel. Pegar una bofetada al soldado que rebanó media cabeza a un primo tuyo. Cárcel. Denunciar violaciones de Derechos Humanos. Cárcel. Cárcel solo en caso de que la nacionalidad sea palestina, se viva bajo ocupación e Israel esté deseando buscar la mínima excusa para acallar voces de activistas defensoras y defensores de Derechos Humanos en Palestina y lanzar una clara advertencia a quiénes sigan esta misma senda.

Concentración a las afueras de la instalación militar israelí de Ofer. Fotografía: Elizabeth Masero Visiga.

Israel mantiene en estos momentos privadas de libertad, por alguno o varios de los casos del inicio, a más de 6.000 personas palestinas, según la organización palestina de DDHH Addameer. El paso por un tribunal militar que confirme la sentencia de prisión o la orden de detención administrativa es parte del tortuoso proceso que tienen que atravesar hombres, mujeres y niños y niñas palestinas. Un proceso que adolece de las garantías procesales marcadas por los estándares internacionales de justicia y que viola flagrantemente los derechos de las personas encausadas y de sus familias, añadiendo un trato denigrante, vejatorio y humillante a quiénes acuden a visitas de familiares en prisión o a juicios solo para poder verlos por unos minutos en ocasiones.

Acceder al tribunal militar de Ofer (al oeste de Ramallah) es pasar por un laberinto de torniquetes y esperas, despojada de pasaporte a la entrada del último pasillo que conduce a una pecera rodeada de metacrilato que hace las funciones de sala de espera para familiares. Aquel día de invierno de febrero, comentaban, estaba particularmente concurrida. La ocupación israelí es cínica hasta el punto de solo dejar pasar hasta este lugar unas monedas para comprar un café (alimentando con ello el negocio de la ocupación) que no amargue aún más la cuenta atrás de la incertidumbre legal. Ese día, las madres, padres, tíos, hijas o hijos de alguna de las personas enjuiciadas no tiene tiempo para nada más que para estar allí, después de faltar al trabajo, invertir dinero, tiempo y energías con la esperanza de poder asistir al juicio de un familiar si es que finalmente se consigue.

Munther Amira y Ahed Tamimi

La hija del líder de los Comités de Resistencia Popular Palestina lleva intentándolo sin éxito desde la detención de su padre, Munther Amira, el 27 de diciembre de 2017. En la última citación, el pasado 21 de febrero, se quedó a las puertas de ser testigo junto a su madre y su tío de la decisión del tribunal de cambiar su caso de juez y de emplazar la lectura de los trece cargos que se le imputan hasta el próximo 12 de marzo.

Munther Amira. Fotografía: Comités de Resistencia Popular Palestina.

Quince minutos duró este trámite, pero fueron suficientes para quedar sorprendida, aturdida por las escenas presenciadas, por momentos hasta de pura película. En barracones prefabricados se sitúan las diferentes salas de los juicios: por la izquierda entran las personas a juzgar, con grilletes en las piernas y esposadas; en frente, la fiscalía; a la derecha, la defensa; enfrente de esta, el tribunal. Solo el contacto visual y tiempo escaso para intercambiar preguntas generales sobre cómo va la vida dentro y fuera de la cárcel. Inhumano. Deshumanizado.

Un juicio que termina y otro que empieza. Parte de la familia Tamimi está en Ofer ese día. Los primos de Ahed Tamimi, convertida en símbolo de la resistencia juvenil palestina, Mohammad y Osama Tamimi, también tenían cita con el tribunal que los juzga por resistir ante la ocupación. En el último torniquete, antes de entrar a las salas de juicio, se viven momentos de tensión. El soldado que controla este último paso no deja entrar a la madre de ambos jóvenes, Manal, hacia la hilera de casetas prefabricadas que Israel ha diseñado para impartir su justicia. La determinación es férrea y finalmente consigue su objetivo, pero lamentablemente sus hijos siguen en prisión.

Hay que recordar que 330 menores están encarcelados por Israel. Lanzar piedras a un objeto en movimiento (léase jeep militar) se considera delito y es la justificación que esgrime el ocupante para privar de libertad a menores de incluso doce años.

Sin testigos gráficos, como los que solemos ver en televisión en el Estado Español, solo queda el derecho a la protesta, cada vez más perseguido también por parte de Israel. A las afueras de Ofer, los Comités de Resistencia Popular Palestina convocaron una concentración en señal de apoyo a Munther Amira, disuelta en pocos minutos con gases lacrimógenos y que se saldó con cuatro personas detenidas: tres menores y un periodista.

El sistema judicial militar israelí

La ocupación israelí ha desarrollado dos sistemas judiciales paralelos: uno civil y otro militar. El civil se aplica a la ciudadanía israelí que vive en la Palestina histórica y a los 600.000 colonos de los asentamientos ilegales, de acuerdo al derecho internacional humanitario en Cisjordania, dentro de las fronteras del territorio ocupado palestino, tal y como se reconoce internacionalmente en la actualidad. Sin embargo, para la población palestina se aplica una legislación militar con órdenes militares que datan en muchos casos de 1967.

Un ejemplo de ello es la Orden Militar 101, emitida en agosto de 1967 y que todavía está en vigor a pesar del Acuerdo de Oslo. Esta orden criminaliza muchas actividades cívicas, incluyendo la organización y participación en protestas, la participación en asambleas o vigilias, la enarbolación de banderas u otros símbolos políticos y la impresión y/o distribución de material político. Además, la orden clasifica cualquier acto de sensibilización de la opinión pública como “incitación política”. Bajo el título de “apoyo a una organización hostil”, la orden también prohíbe cualquier actividad que muestre simpatía por una organización considerada ilegal bajo las órdenes militares, ya sea coreando consignas, portando una bandera o mediante otros símbolos políticos.

Salah Hamouri. Fotografía: Addameer.

Aludiendo a esta orden militar se produjo el arresto y orden de detención administrativa del investigador de campo de Addameer Salah Hamouri el 23 de agosto de 2017. El 26 de febrero de 2018, dos días antes de que se pudiera haber producido su liberación, el ministro israelí Lieberman firmó una nueva orden de detención administrativa por otros cuatro meses más.

La detención administrativa es un mecanismo que, debiendo ser utilizado de manera excepcional, Israel aplica de forma arbitraria y que implica que la persona detenida permanece en prisión sin saber qué cargos se le imputan, con lo cual no puede defenderse de una manera justa, ni con garantías de ser liberada una vez se cumpla el plazo de dicha detención. Bajo esta modalidad de detención administrativa, 450 palestinos y palestinas se encuentran en cárceles israelíes en la actualidad.

Boicot a los tribunales militares

Los estándares internacionales de justicia no se cumplen en Palestina, como queda demostrado informe tras informe de organizaciones de derechos humanos, elaborados a partir de investigaciones y documentación de casos. Las protestas contra el sistema judicial militar israelí se han sucedido a lo largo de la historia bien en forma de huelgas o, como ahora, en forma de boicot a los juicios de personas bajo detención administrativa.

El pasado 15 de febrero comenzó una campaña de boicot a la que se han sumado ya 320 de las 450 personas palestinas con órdenes de detención administrativa. Esto significa que no acudirán a ningún juicio, tampoco sus abogados, ya que, en palabras de Salah Hamouri, “no quiero representación legal de un abogado por el hecho de que la detención administrativa sea una política ilegal que me deniega mi libertad. No hay cargos contra mí y mi detención se basa en un expediente secreto controlado por la inteligencia israelí. No quiero formar parte de estos procedimientos en un lugar que adolece de una falta de todo tipo de justicia. He solicitado a mi abogado que se retire de las vistas de mi proceso”.

Según Addameer, el uso sistemático y masivo de Israel de la política de detención administrativa representa una violación de la Cuarta Convención de Ginebra. Además de contravenir el artículo 78, la detención administrativa viola también el artículo 147 de la misma, lo que constituye un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad, según los artículos 8 y 9 de los Estatutos de Roma.

Acerca del autor: Elizabeth Masero Visiga es periodista y delegada de Paz con Dignidad en Palestina. Forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Fuente: Revista Pueblos

Fuente: Elizabeth Masero Visiga, Revista Pueblos