2017 · 02 · 08 • Fuente: A. Rallo, Las Provincias - España

Juez español anula el boicot del tripartito de Xeraco a las empresas israelíes

El magistrado reprocha a los concejales que ideologizaran la administración en contra del interés general y para difundir ideas discriminatorias

El alcalde de la localidad, Francesc Serralta, de Compromís. :: lp

La ocurrencia de Compromís, PSPV y EU-Canviar Xeraco, que consistió en aprobar un boicot municipal a las empresas israelíes, ha tenido un corto recorrido. Los concejales aprobaron que no se contrataría con empresas de este país «hasta que Israel no respete los Derechos Humanos, reconozca el derecho internacional y acate el derecho a la autodeterminación». El juez la suspendió nada más presentar la demanda una asociación de Oriente Medio. La Fiscalía se sumó al escrito al considerar que el acuerdo, cuyo origen parte de una campaña global del pueblo palestino, suponía un ataque frontal a la igualdad y a la no discriminación.

La sentencia respalda la tesis que ya adelantó el Ministerio Público. El magistrado anula la decisión municipal y propina un severo varapalo a la forma de hacer política del tripartito. «Resulta una clara violación de los derechos fundamentales a la igualdad y a transmitir libremente las ideas y opiniones».

El coalición de Gobierno había decidido como condición para mantener una relación comercial o institucional con empresas de esta nacionalidad que se adoptara una «determinada postura ideológica». De tal forma, que se establece como implícito el rechazo y la negación de quien ostente la misma -en clara referencia a tesis favorables a los israelíes- o incluso una posición de simple neutralidad». Es más, aclaraba que aquellos que sí reconocieran los derechos anteriores quedarían excluidos de la medida del consistorio. «Esto supone obligar a terceros a posicionarse públicamente respecto a cuestiones de política y legalidad internacional», recoge el juez. La sentencia añade que este extremo «violenta su libertad ideológica».

El Ayuntamiento alegó que todavía no se había producido un acto concreto en el que una firma se hubiera visto perjudicada por esa decisión. El argumento sirvió de poco. El acuerdo, independientemente de lo anterior, supone que la Administración «asume una postura ideológica impropia de una administración, que debe servir con objetividad a los fines de interés general. Entre estos, según indica el juez, no se incluyen «la coerción de ideas y opiniones ajenas ni tampoco el fomento de las propias». Recuerda el magistrado que existe una nítida separación «entre la acción política y la administrativa» y esta última no puede ser un instrumento al servicio de la primera.

El fallo concluye que hubo un «abuso del poder institucional» para poner la administración «al servicio de ideas programáticas, discriminatorias y contrarias a los derechos fundamentales del conjunto de ciudadanos».

Además, el titular del juzgado de lo Contencioso número 10 de Valencia impone las costas al Ayuntamiento, aunque esto repercuta «paradójicamente incluso sobre los ciudadanos del municipio eventualmente perjudicados por dicho acuerdo». No hay que olvidar que son los residentes del municipio los que pagan los impuestos. Debido a esas especiales «circunstancias» sólo se les imponen 150 euros.

El PP de la localidad, que en su día fue el único que votó en contra de la medida, lamentó que la imagen de Xeraco se haya visto perjudicada por la ilegal iniciativa de los concejales, adelantada en su día por LAS PROVINCIAS.

El asunto judicial no está cerrado definitivamente. Una sección especializada del Ministerio Público, la de delitos de Odio, ya tiene conocimiento y documentación sobre este asunto y estudia si abre una investigación penal.

Fuentes judiciales apuntaron que los hechos podrían encuadrarse en el artículo 510 del Código Penal, que recoge penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por razón de su pertenencia por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, entre otras circunstancias.

Fuente: A. Rallo, Las Provincias - España